Hace tres años un grupo de antiguos empleados argentinos y representantes de trabajadores fallecidos de la filial argentina de la fabricante de la marca Mercedes interpusieron una demanda en California contra Daimler AG, acusando a la compañía de complicidad con las torturas, asesinatos y secuestros cometidos por las fuerzas armadas argentinas contra varios de los miembros sindicados de la empresa, sosteniendo que aquéllos fueron denunciados por la dirección de la entidad al régimen de Rafael Videla por considerarlos “elementos subversivos”. En 2011, un tribunal federal de San Francisco admitió la denuncia argumentando que la conexión entre las ventas de coches fabricados por la empresa alemana en California evidenciaba un vínculo entre EE UU y los sucesos ocurridos durante la Guerra Sucia en Argentina, suficiente para que la justicia estadounidense pudiera juzgarlos.
Los nueve jueces del Supremo, sin embargo, coincidieron en su fallo en que los tribunales californianos no son jurídicamente competentes para conocer la denuncia argentina ya que la filial de la empresa alemana no tiene su sede principal en ese Estado y rechazan por endeble la argumentación de los demandantes relacionada con la alta venta de vehículos fabricados por la compañía en California.
“Concluimos que la sede de Daimler no está en California, por eso no puede ser demandada ahí por daños que los demandantes atribuyen a la compañía en Argentina", se indica en la sentencia redactada en nombre de ocho de los nueve magistrados del tribunal por la juez Ruth Bader Ginsburg. En el texto se especifica también que, de haber aceptado el planteamiento de las víctimas, "si un vehículo de Mercedes-Benz conducido por noruegos, volcara en Arabia Saudí e hiriera a sus pasajeros, éstos podrían presentar una demanda por fallos del vehículo en California".
No todos los jueces han coincidido con esta argumentación. La magistrada Sonia Sotomayor, aunque también respalda el fallo del tribunal, se queja en su voto particular de que las razones ofrecidas por su colega Ginsburg van demasiado lejos a la hora de proteger a las multinacionales. “En los últimos años los estadounidenses se han acostumbrado a pensar que las corporaciones multinacionales son ‘demasiado poderosas para caer’. Con la decisión de hoy este tribunal ha considerado a Daimler ‘demasiado poderosa para la jurisdicción general’. Sotomayor, no obstante, basa la desestimación de la denuncia argentina en el hecho de que tanto los hechos, como los demandantes, como la filial demandada, ocurrieron en el extranjero y le ocurrieron a extranjeros. “No sería razonable conocer el caso dado que este involucra a denunciantes foráneos, que acusan a una empresa foránea por conductas ocurridas en el exterior”, señala.
La línea argumental de Sotomayor es similar a la que el Supremo adoptó en abril del año pasado en otra sentencia que abunda en las dificultades de los demandantes extranjeros para denunciar en EE UU violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero por multinacionales extranjeras. Entonces, los jueces fallaron en contra de 12 nigerianos que presentaron una demanda en Estados Unidos contra la petrolera holandesa Shell por complicidad en torturas y asesinatos cometidos por el Gobierno de Nigeria entre 1992 y 1995.
En esa reclamación, se apeló al Alien Tort Statue, una norma de 1789 que avala las denuncias por abusos de los derechos humanos cometidos en el exterior en los tribunales internacionales. El Supremo interpretó entonces que ese Estatuto garantizaba la presentación de demandas por parte de ciudadanos estadounidenses cuyos derechos o libertades habían sido agraviados en el extranjero o cuando las violaciones perjudicaban los intereses de EE UU. El Alien Tort Statue también formaba parte de las alegaciones de los demandantes argentinos contra Daimler y era una suerte de comodín de los grupos de defensa de derechos humanos en la presentación de sus casos en EE UU, cuyo alcance de aplicación ahora está en entredicho.
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